Por Juan María Silvela Milans del Bosch
LAS RESPONSABILIDADES DE LOS POLÍTICOS
El proyecto de ocupación total, con preponderancia de
acciones civiles y pacíficas, de la zona de Marruecos asignada a España en el tratado
con Francia de 1912, había sido decisión del partido liberal cuando gobernaba.
Si el procedimiento elegido no era el más adecuado a las características
sociológicas y al escaso desarrollo social y político de los rifeños y yebalíes,
es a los promotores del método a quienes se le debe achacar la primera
responsabilidad. Al menos, podían haber proporcionado al Ejército, encargado de
ejecutar la ocupación, los medios necesarios.
El gobierno del partido conservador, que mantuvo el
mismo sistema, pudo hacerlo, pues tuvo una buena oferta para comprar varios stocks
de los aliados sobrantes de la Gran Guerra (15). En el material ofrecido
figuraban morteros, arma que hubiera sido muy efectiva. Pero faltaba la
estabilidad gubernamental imprescindible que pudiera abordar, como mínimo, un
programa de adquisiciones de armamento, material y vestuario adecuado para el
territorio, si no era posible llevar a cabo la modernización total del
Ejército.
En 23 años se habían sucedido 32 gobiernos y desde 1917 hasta septiembre
de 1923 nada menos que 15 ministros de la guerra. En el año de su nombramiento
como alto comisario y desde el 2 de febrero hasta el 15 de diciembre, el
general Berenguer tuvo que rendir cuentas a cuatro ministros de la guerra
distintos (generales Muñoz Cobos, Santiago, Tovar y Villalba). Al iniciarse las operaciones de
ocupación, una vez deshecho el status quo que se estableció durante los
años de la Gran Guerra para evitar problemas a Francia, se mantuvo las mismas
plantillas de personal y medios, a pesar de que se ampliaría la zona de terreno
pacificado al doble en ambas zonas del Protectorado durante los tres años
siguientes.
Aunque España no
era precisamente un modelo de democracia, hay que suponer que los partidos liberal
y conservador contaban con el suficiente apoyo popular; no es justificable que
no pudieran explicar y convencer a sus simpatizantes y votantes de la
conveniencia de nuestra presencia en Marruecos y no tuvieran la capacidad de tomar
las medidas necesarias para atender las peticiones del Ejército. Desde luego no
eran exageradas, pues el general Jordana (alto comisario), justo antes de morir
en su despacho el 10 de noviembre de 1918, informaba al ministro de la
situación y se mostraba conforme con los medios; sólo pedía: “los actuales o
muy pocos más, pues en lo que a fuerzas se refiere, me bastaría con las
asignadas en las plantillas de rigor, pero a condición de que se cubrieran
constantemente las bajas de hombres y ganados”. A pesar de sus reiteradas
reclamaciones, no lo había conseguido y en aquellas fechas faltaban más de
5.000 hombres y 1.600 cabezas de ganado.
En l921 las
necesidades eran mayores y la penuria, por tanto, más acusada. Sin embargo, el
ministro de la guerra, vizconde de Eza, en la memoria que realizó como
consecuencia de su visita al Protectorado en verano de 1920, encontró “muy satisfactoria y de perfecta disciplina y
organización el estado del Ejército”. Que los soldados calzaran
alpargatas, los fusiles (la mayoría procedentes de la guerra de Cuba)
estuvieran descalibrados, las ametralladoras no funcionaran, los piezas de
artillería de montaña estuvieran desgastadas, que se pagaran los transportes a
los moros con cuatro meses de retraso, que no se diera dinero para construir
carreteras con mano de obra indígena (siempre suponía un fusil menos para la harca)
y el material de campamento fuera pésimo y escaso (carencia de hospitales de
campaña, cubas y depósitos de agua y de material de transporte imprescindible,
sin medios sanitarios modernos…) no era importante; sólo le faltaba decir que
lo importante era que la moral estuviera
muy alta, frase que tantas veces hemos oído los militares ante nuestras protestas de
falta de medios. Incluso afirmaba que “por fin se ha dado con la orientación apetecible” (16).
La amarga queja de
Jordana sobre los condicionamientos políticos que se le imponían condenándole a
la inacción ya se había olvidado; llegaba a pedir, con respecto al Raisuni, “si puedo gritarle cuando grite, llamarle la
atención cuando mienta y no llegar en los procedimientos de templanza más allá
de lo que decorosamente debe llegarse”.
Desmintiendo al
ministro de la guerra, Berenguer le informaba por carta el 4 de febrero del año
siguiente (1921): “esta es la triste
realidad, la que todo el mundo palpa, la que no puede pasar inadvertida a quien
vea de cerca este Ejército. Es el resultado de varios años de no atenderlo en
sus necesidades; no es el resultado de la imprevisión, lo es de la falta de
recursos”. A continuación, escribía: “Sin embargo, hemos actuado como si todo estuviera
en condiciones, hemos cerrado los ojos ante las realidades para llevar la
misión que se nos ha encomendado”. Son palabras que parecen escritas
después del desastre y todavía faltaban seis meses para producirse. No cabe
duda de que acertó con la clave del problema. Este afán por cumplir la
misión, a pesar de no contar con los medios adecuados, es una consecuencia de
la formación recibida por los mandos en las academias. Las autoridades, que
tienen la responsabilidad de decidir las misiones y los medios que deben
asignar a las fuerzas puestas a su disposición, lo han tener en cuenta, si no
quieren hacerlas fracasar. De esta situación fueron víctimas, más que otra
cosa, Navarro, Silvestre, Berenguer y el Ejército de la Comandancia General de
Melilla. El general Burguete así lo expuso ante la comisión del senado el 26 de
julio de 1924: “Lo que se derrumbó fue
un sistema, sólo un deplorable sistema”, que impuso el gobierno del
partido liberal y mantuvo el partido conservador en los suyos. Cuando se decidió
la ocupación total por procedimientos bélicos y con medios suficientes, se
tardó, a partir del desembarco de Alhucemas, sólo 22 meses en pacificar el
Protectorado, paz que no volvió a romperse y duró hasta la independencia de
Marruecos; era lo que no se había conseguido durante 16 largos años y había
costado tanta sangre y dinero.
Por todo ello, los
sucesivos gobiernos, con sus presidentes a la cabeza, y especialmente los
ministros de estado y de guerra del último, fueron los máximos responsables del
desastre. Además, el vizconde de Eza estaba empeñado en llevar a cabo el proyecto de reducción del
servicio militar a dos años (de todas formas hay que reconocer que Francia la
había reducido a 18 meses e Italia a 8) y había advertido públicamente en
Madrid que no enviaría ni un solo hombre más a Marruecos. Políticamente, podía
entenderse estas decisiones, pero compensándolas con la organización de
unidades integradas por profesionales (un desarrollo más rápido de La Legión y
más grupos de regulares). Pero no quiso comprometerse a llevarlo a cabo. A
pesar de ello, siguió aprobando todas las acciones militares que le
presentaron, como consecuencia de las líneas políticas de ocupación
establecidas por el ministro del estado a través del alto comisario.
Su última decisión
con respecto a Melilla no pudo ser más desafortunada: ordenó a las fuerzas
enviadas a la zona, después del desastre, dejar en la Península a los
soldados del tercer año en filas, los únicos instruidos; esta fue una de las
causas principales de que las unidades no estuvieran en condiciones para
combatir en campo abierto, lo que trajo el abandono a su suerte de los
defensores de Zeluán y Monte Arruit, casi 3.000 hombres, a una jornada y dos
jornadas respectivamente de la Comandancia Militar. Uno siente verdadera
vergüenza cuando comprueba que los de Monte Arruit se defendieron durante 12
días en condiciones extremas y nadie acudió a rescatarlos.
LAS
RESPONSABILIDADES DE LOS INVERSORES
Aunque hayamos
dicho que el interés comercial de los poderes ocultos, formados por la oligarquía financiera o por los
dominadores de los grandes centros comerciales, no tuvo una influencia decisiva
en la aceptación del Protectorado, si que fue causa por otros motivos de la
gestación del desastre. Según la información proporcionada por Galbán
Jiménez en su exhaustivo libro España en África (Imptª Servicio Geográfico del Ejército.
Madrid, 1965.), la compañía holandesa de prospección de minas W.H.
Muller & Co. entregó a Abd el Krim “varios millones de pesetas” por medio de Alberto Suarez de Lorenzana. Con
estas comisiones se había conseguido que prosperaran nada menos que 99
denuncias de minas ante el tribunal arbitral de París; la información la obtuvo
de Mariano Egea, componente de la Junta de Obras del Puerto de Melilla.
El jefe rifeño había descubierto este sistema de
financiación de sus intenciones estando en la citada ciudad, cuando supo que la
Compañía Española de Minas del Rif, para poder explotar las minas de la cábila
de Beni bu Ifrur, le había cedido nada menos que el 20% de la sociedad a “Bu Hamara”, El Rogui (el señor de Zeluán,
cuyo nombre concreto era Yilali Ben Abd es Salem. Aventurero que disputó a
Abdelaziz el sultanato desde abril de 1904 hasta setiembre de 1908); también
comprobó que se daban generosas comisiones para facilitar la presentación de
las denuncias de las posibles explotaciones mineras.
En 1921, las denuncias en terrenos de Beni Urriaguel
pasaban en extensión de las 1.000 Ha,s. Se había extendido el rumor de que en
el Monte de las Palomas (Yebel Hama) había oro y plata en abundancia. Abd el
Krim, si acaso no fuera su principal inductor y propagador, bien se
aprovecharía de ello, sacando dinero y presionando para que se hicieran más
denuncias. Consta, según Galván Jiménez en el libro ya citado, que Horacio
Echevarrieta, representante de Setolazar (compañía bilbaína formada por
Francisco Setuaín San Emeterio, Felix Ortiz de Lejarazu y Juan Olavarrieta
Equilior), se entrevistó en secreto con él
en la playa de la desembocadura del Nekor, terreno perteneciente a la
fracción de Trugut de la cábila de Tensaman. Allí le daría la correspondiente
comisión. Hay que decir, en su descargo, que no podía saber el uso que haría
del mismo el jefe rifeño y, también, que fue el que negoció la liberación de
los prisioneros españoles a cambio de 4.000.000 pesetas. Otras compañías
españolas hicieron lo mismo, como la Compañía Española de Minas del Rif,
incluso una inglesa. Otros personajes públicos implicados en estos asuntos
fueron Portela Valladares, el conde de Romanones, el conde de Güel, el duque de
Tovar…Con el dinero obtenido, Abd el Krim conseguiría la jefatura de su cábila,
cosa nada fácil para un beniurriaguel de la costa, y la formación de una
harca con disciplina y articulación que no tenía nada que envidiar a una
verdadera gran unidad militar.
Así comenzó a gestarse la organización de la efímera
República del Rif y, como consecuencia, el Desastre de Annual. El 31 de mayo de
1931, por confidencias de Hamed Ben Said, se hizo advertencia de la peligrosa
situación desde el peñón de Vélez de la Gomera. Pero la Oficina de Asuntos
Indígenas de Alhucemas informó a la Comandancia General de Melilla que, si bien
era cierto lo del dinero, lo de la organización de una verdadera unidad militar
era pura fantasía. El coronel Civantos Buenaño, Comandante Militar de
Alhucemas y sus colaboradores de la oficina de Asuntos Indígenas no estuvieron
nada afortunados. Desde noviembre de 1920, Silvestre había prohibido hacer
exploraciones, pero los contactos, excursiones y acuerdos ya estaban hechos.
Notas:
15.-Pando, Juan: Historia
secreta de Annual. Edita Temas de Hoy. Madrid, 1999
16.- Apéndice documental en Historia de las Campañas de Marruecos
(Tomo III) Edita SHM. Madrid, 1981.
